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El viceministro Juan Carlos Alurralde pidió ayer al Gobierno de Chile que otorgue a Bolivia la administración de ferrocarril Arica-La Paz, que el viernes fue otorgada a la Empresa Portuaria de Arica (EPA).

El Gobierno chileno entregó a EPA el mantenimiento y administración del ferrocarril de la ruta Arica-La Paz, por lo que el Gobierno está preocupado que luego pase a manos de una empresa privada.

Durante una entrevista en el programa El Pueblo es Noticia, de la Red Patria Nueva, el viceministro Alurralde pidió disculpas por haber señalado que EPA era una empresa privada cuando pertenece al Estado chileno.

Según Alurralde a Bolivia le pertenecería, merced a un tratado internacional y la práctica, la administración del ferrocarril y del puerto de Arica. El 90 por ciento de la mercancía que transita por esa región es de Bolivia.

"Bolivia tiene que administrar su comercio, sus mercancías bajo el tratado de 1904. Todo lo que se interponga en este derecho legítimo que tenemos nosotros lo consideramos una afección", sostuvo.

Por otra parte, Alurralde admitió que se equivocó el pasado viernes al calificar de privada a la estatal Empresa Portuaria de Arica (EPA) a cargo de esa rehabilitación, pero ratificó su temor de que esa compañía transfiera en 2012 el ferrocarril a la firma Terminal Puerto Arica (TPA), de capitales privados chilenos y peruanos, como hizo en su momento con la administración de la terminal marítima.

"Tenemos mucho temor, yo lo digo con franqueza, de que EPA vuelva a transferir a TPA la administración del ferrocarril, como ha ocurrido con el puerto de Arica, y eso para nosotros sería consolidar un monopolio que nos está asfixiando", dijo Alurralde.

El funcionario recordó que Bolivia ha hecho reclamos a EPA porque TPA subió "indiscriminadamente", hasta en un 100 por ciento, sus tarifas provocando problemas a los exportadores bolivianos.

Enfatizó que el ferrocarril fue construido por Chile como una compensación por la pérdida territorial sufrida por Bolivia en la guerra del Pacífico librada a fines del siglo XIX.

"A un privado no le interesa obedecer o respetar un tratado internacional, le interesan las ganancias", dijo Alurralde.